1. Prevaricación: Es el delito cometido por una autoridad o funcionario público cuando dicta una resolución arbitraria en un asunto administrativo, a sabiendas de que es injusta. En este caso, se trataría de una decisión injusta al asignar una calificación sin base legal ni cumplimiento de los requisitos.
2. Falsedad en documento público: Si la comisión documenta de manera oficial la calificación asignada a la postulante sin que esta cumpla con los requisitos, podría estar incurriendo en falsedad documental. Esto es particularmente relevante si la calificación se plasma en un acta, informe, o cualquier documento oficial.
3. Cohecho: Si se demuestra que la preferencia a la postulante se dio a cambio de un beneficio personal, económico u otro, por parte de los miembros de la comisión, podría configurarse el delito de cohecho, que implica la aceptación de sobornos.
4. Tráfico de influencias: Si alguna persona ajena o integrante de la comisión utiliza su influencia sobre los miembros de la comisión para que prefieran a la postulante, podría estar incurriendo en tráfico de influencias.
Cada uno de estos delitos tiene sus propios elementos y requisitos de prueba, y es importante considerar las leyes específicas del país o jurisdicción donde ocurra el hecho para determinar la aplicabilidad de cada uno de ellos.
